• El gobierno estatal presentó una agenda para meter presión institucional a quienes no cumplen con la pensión alimentaria; desde el 6 de mayo no podrán ser contratados por el Poder Ejecutivo.

Ahora sí, en Querétaro el que deba pensión alimentaria ya no nomás cargará con el señalamiento moral y el expediente judicial empolvado: también empezará a topar pared en trámites, contrataciones y hasta licencias.

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó la presentación de la agenda estatal para fortalecer el cumplimiento de obligaciones alimentarias, una batería de acciones con la que el gobierno quiere ponerle dientes al tema y, en palabras llanas, cerrarle espacios a quienes no cumplen con niñas, niños y adolescentes.

La oficial mayor, Linda Luz Luna Rangel, soltó el primer candado fuerte: a partir del miércoles 6 de mayo queda prohibida la contratación dentro del Poder Ejecutivo estatal de cualquier persona que aparezca en el Registro de Deudores Alimentarios, medida que también alcanzará a quienes quieran entrar por honorarios.

Es decir: si no cumples en casa, tampoco habrá firma fácil en gobierno.

Pero no quedó ahí. También van por proveedores y contratistas, porque la Oficialía Mayor y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas trabajarán para que tampoco sean dados de alta quienes estén en ese padrón.

Y como el cerco se puso serio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana hará gestiones para no expedir ni renovar licencias de conducir a quienes figuren en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Sí, el mensaje está clarito: el adeudo alimentario dejará de ser un asunto escondido entre juzgados familiares.

Además, las dependencias con programas sociales tendrán que revisar sus reglas de operación, mientras que la Secretaría de las Mujeres ofrecerá asesoría gratuita para quienes necesiten apoyo en este tipo de procesos.

Durante la presentación, el senador Agustín Dorantes puso el dato que enchina la estadística: en Querétaro hay más de 20 mil juicios por pensión alimentaria al año, pero hasta abril de 2026 solo 208 personas están inscritas formalmente en el padrón de deudores.

O sea, el problema es mucho más grande que el registro.

Por eso el gobierno estatal presumió esta agenda como una estrategia para que, al menos en Querétaro, deberle a la niñez ya no salga tan barato institucionalmente.