• Representantes de 37 centros de atención de San Juan del Río y Tequisquiapan participaron en las jornadas informativas. El objetivo es que establecimientos y autoridades tengan clara la ruta de actuación cuando se presente una clausura, sin perder de vista los derechos de las personas usuarias.

Cuando se habla de clausurar un establecimiento que atiende a personas con problemas de adicciones, el asunto no termina en cerrar una puerta. También importa qué ocurre con quienes reciben tratamiento y cómo se garantiza que su atención no quede desatendida durante el procedimiento. Ese es uno de los puntos que busca atender la actualización del protocolo presentada por el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) en San Juan del Río y Tequisquiapan.

Sebastián Granados Ponce, comisionado del CECA, organismo de la Secretaría de Salud estatal, explicó que el Consejo ya contaba con este instrumento, pero decidió actualizarlo como parte de su compromiso con la mejora continua.

La idea es establecer una ruta de actuación clara: que los establecimientos sepan cuáles son los pasos que deben seguir, a qué instancias acudir y cómo coordinarse con las autoridades involucradas. Tener esos lineamientos definidos permite preparar las intervenciones y evitar que cada parte actúe sin conocer el procedimiento correspondiente.

Pero el protocolo también pone sobre la mesa una prioridad: las personas usuarias y sus familias. Granados Ponce señaló que deben respetarse sus derechos humanos y mantenerse la confidencialidad de su información. En otras palabras, los procedimientos administrativos requieren coordinación, pero la atención a quienes están en tratamiento no debe perderse de vista.

Las jornadas reunieron a representantes de centros residenciales de ambos municipios. En San Juan del Río participaron 20 de los 47 establecimientos registrados, una asistencia equivalente al 43 por ciento. En Tequisquiapan acudieron representantes de 17 de los 20 centros existentes, es decir, el 85 por ciento.

Sumadas las dos reuniones, asistieron representantes de 37 de los 67 centros registrados en ambos municipios. La participación conjunta fue del 55 por ciento.

El comisionado reconoció la presencia de los establecimientos y destacó la importancia de conocer con anticipación la ruta de actuación. La preparación, señaló, ayuda a que los centros y las autoridades puedan responder de forma articulada cuando se presente una clausura.

La actualización del protocolo busca que las actuaciones sean ordenadas y oportunas, con especial atención al bienestar de las personas en tratamiento. Porque, en un procedimiento de este tipo, la coordinación institucional importa, pero también importa que quienes reciben atención sigan siendo el centro de las decisiones.